Bajo el lema 'Ciencia, Tecnología, Empresa y Estado', los próximos 13 y 14 de junio Madrid albergará el Encuentro Empresarial Hispano-Alemán, organizado por la Cámara de Comercio Alemana para España en colaboración con la Embajada de Alemania. José Luis García, profesor de investigación del Centro de Investigación Biológicas del CSIC, será el encargado de moderar la primera mesa -Buscando la innovación en colaboración con Universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos- de las tres que protagonizarán este gran foro. <b> Sr. García, la capacidad innovadora de una economía se sustenta en dos pilares: la empresa privada y el ecosistema investigador integrado por universidades, organismos de investigación y centros tecnológicos. ¿Nos puede dar un breve panorama de los principales actores de la innovación en España y cuál es el papel de cada uno de ellos? </b> Describir de una manera precisa, y al mismo tiempo resumida, los actores del sistema español de I+D+I es una tarea casi imposible, entre otras cosas porque en España las competencias en I+D+I están transferidas a las comunidades autónomas. Por consiguiente, en España además del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación existen en principio otros 17 Planes Autonómicos de Investigación, cada uno de los cuales nutre a sus propios ecosistemas. Los primeros actores fundamentales del sistema son, por lo tanto, los que diseñan las estrategias de I+D+I, que suelen ser agencias financiadoras, y por lo general administraciones públicas. Si prescindimos de tecnicismos se puede decir que en todos estos ecosistemas los segundos actores fundamentales, que son los que ejecutan la I+D+I, son muy similares y se pueden agrupar en varios fenotipos genéricos. Por una parte, las empresas innovadoras con capacidad de desarrollar I+D+I ocupan en su conjunto aproximadamente en números muy redondos el 50% del ecosistema español frente al resto de actores. Este dato que en principio parece compensado, no lo es si se considera que en los países más avanzados las empresas ocupan el 65-75% del ecosistema. El resto del ecosistema se reparte entre las universidades, que ocupan también en números redondos aproximadamente el 30%, y un sinfín de organismos públicos de I+D+I nacionales, regionales o locales (Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Salud Carlos III, Instituto de Investigaciones Agrarias, Fundaciones de I+D+I, Fundaciones de hospitales, centros de investigación autonómicos, etc), los centros tecnológicos y algunos organismos privados sin ánimo de lucro, que en total suponen aproximadamente el 20% restante. El papel que desempeñan cada uno de estos actores está ligado a sus principios fundacionales, así que descartando a las empresas cuyo papel es evidente, hay que decir que las universidades y los organismos públicos de investigación en general son desarrolladores de las fases más tempranas de la I+D+I, ya que no suelen tener entre sus misiones la comercialización de los productos que desarrollan, que por norma general licencian a las empresas para tal fin. En el caso de los centros tecnológicos se trata de instituciones que suelen estar mucho más cerca de la comercialización, y también por norma general ayudan a las empresas en las fases finales del desarrollo de los productos para ponerlos en el mercado. Se puede decir con muchos matices que los centros tecnológicos son eslabones intermedios en la cadena de la transferencia tecnológica desde la academia a la empresa. Pero de todas estas generalidades existen numerosas excepciones, y el ecosistema de la I+D+I en España es tan rico y variado que se pueden encontrar todo tipo de fenotipos intermedios con mezclas tanto de lo público y lo privado, como de la academia y de la empresa, y de lo más básico a lo más cercano al mercado. La diversidad que aportan las comunidades ha hecho, sin duda, crecer la complejidad de las opciones. Si a todo ello le sumamos la influencia que ejerce sobre el ecosistema español el sistema europeo de I+D+I que gestiona la Comisión Europea resulta fácil comprender que saber quién es quién en el sistema y qué papel desempeña exactamente cada uno de los actores es una tarea compleja. Esta complejidad hace que existan muchos micro-ecosistemas con poca comunicación entre ellos a pesar de los avances actuales en la comunicación, lo que implica que en España sea muy difícil establecer políticas conjuntas de innovación entre las autonomías, y entre estas y el Estado. Esto genera bastante redundancia o solapamiento de actuaciones entre los distintos actores, financiadores y ejecutores. Por último, esta configuración autonómica de la I+D+I junto con la alta autonomía universitaria, incluso a escala local, hacen que uno de los grandes problemas del sistema español de I+D+I sea la movilidad de los investigadores. De momento la movilidad absoluta solo la garantiza en España la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero con apenas una plantilla de unos 3000 investigadores no es suficiente. <b> Llamamos transferencia tecnológica al proceso que trata de asegurar que los avances tecnológicos – generados por universidades o centros tecnológicos - se hagan accesibles a un mayor número de usuarios. ¿Cómo se materializa y fomenta este intercambio en España? </b> La transferencia tecnológica se produce a lo largo de todos los TRLs (Technology readiness levels. Niveles de madurez de la tecnología) del proceso de I+D+I. Los niveles se establecen en una escala del 1 al 9, donde 1 representa la investigación más incipiente y 9 la tecnología más madura, esencialmente puesta en el mercado. En todo este proceso de maduración se produce la transferencia, pero si se quiere generalizar, en la academia se puede llegar hasta TRLs 5-6 (demostradores a escala piloto). A partir de aquí se suelen transferir los resultados a las empresas, con la ayuda en muchos casos de los centros tecnológicos, para que las empresas alcancen los TRLs 7-9. Para materializar las transferencias existen varias herramientas. La primera, y la más sencilla, es a través de los acuerdos privados de colaboración o de servicios y las licencias de patentes o del know-how entre las empresas, las universidades, los organismos de investigación y los centros tecnológicos. Estos acuerdos se financian con los propios recursos de las partes y suelen ser bilaterales o, con más dificultad, multilaterales. El segundo modelo de transferencia se produce a través de los proyectos colaborativos entre todos estos actores, pero financiados mediante convocatorias competitivas con subvenciones y/o créditos, generalmente con fondos de las administraciones públicas (raramente de entidades privadas) tanto a nivel internacional (esencialmente europeo), nacional, regional, o local. El tercer modelo se produce cuando los investigadores de las universidades y los organismos públicos generan empresas spin-off para llevar al mercado sus propios descubrimientos, ya sea con la participación o no de sus propias entidades de origen. Hoy en día este fenómeno se produce de manera cada vez más significativa y eficiente a través de los parques científicos e incubadoras que han creado las universidades y los organismos públicos de investigación en sus propios campus universitarios. Pero una cosa son los modelos de transferencia y otra cosa muy diferente es como se fomenta su uso. Para los investigadores de la academia la investigación de transferencia no está bien reconocida a nivel curricular y pocas veces, según sectores, aporta un complemento económico personal adecuado. En general en la academia los trabajos de transferencia bilaterales no suelen aportar publicaciones de alto nivel, y en muchos casos ni siquiera de bajo nivel. Las patentes, si se hacen, no suelen ser valoradas adecuadamente por la academia. El investigador académico utiliza la transferencia en épocas de escasez financiera para complementar la financiación pública de su grupo, pero en épocas de bonanza suele huir de este tipo de fuentes de financiación. Mención aparte merecen los proyectos financiados por la Comisión Europea, ya que, aunque participan empresas, son muy parecidos a los proyectos convencionales más académicos, porque, en general, a pesar de las buenas intenciones tienen poco de transferencia real. El fomento de las spin-offs es todavía muy limitado, ya que una cosa es que se permitan y que ya no estén mal vistas por la academia como antaño, y otra cosa es que de verdad se fomenten. Las limitaciones que imponen las administraciones públicas a los socios funcionarios hacen que en muchos casos no sea muy interesante su creación. Es decir, las leyes actuales no favorecen la creación de spin-offs por los investigadores funcionarios, que son la mayoría. Esto es el resultado de que todavía no hemos aprendido a combinar adecuadamente lo público y lo privado. En lo que concierne a las empresas tampoco tienen incentivos muy claros para la trasferencia. Los proyectos que comportan créditos no son por lo general muy interesantes para las pequeñas y las grandes empresas. Para las pequeñas no son tan interesantes por las dificultades financieras que tienen para devolverlos, y para las grandes porque los proyectos financiados con créditos (generalmente pequeños para su nivel) conllevan muchas complicaciones de gestión y poca confidencialidad. Así que son las empresas medianas las que más se suelen beneficiar de los proyectos colaborativos y, especialmente, los que conllevan una mezcla de crédito y subvención. Los incentivos fiscales a la I+D+I sí que son un aliciente para las empresas. Es evidente que las empresas prefieren las colaboraciones con subvenciones como los proyectos europeos, pero la escasez de fondos actual y las reglas europeas de la competencia lo dificultan a nivel nacional. <b> Para muchas empresas la investigación por parte de universidades y centros tecnológicos es una aportación vital. No obstante, existen numerosas barreras para estas colaboraciones como por ejemplo las vinculadas a la propiedad intelectual. ¿Nos puede explicar en qué consiste esta problemática fundamental y qué vías existen para resolver barreras como estas? </b> Por lo general, las empresas cuando subcontratan en la academia la I+D+I que ellos no pueden hacer, quieren tener un derecho absoluto sobre el resultado de la investigación que subcontratan. Es decir, quieren tener la titularidad única de las patentes y del know-how que se desarrolla en los proyectos que contratan. Pero muchas universidades y organismos de investigación, además de los derechos de inventor, reclaman una participación equitativa de los derechos de titularidad. Esto sucede porque, en general, los proyectos de investigación se realizan casi a precio de coste sin apenas beneficios extras para el ente académico. Por lo tanto, la academia suele reclamar parte de los derechos de propiedad intelectual en forma de royalties para compensar su déficit. Hay muchas soluciones para eliminar estas barreras, entre ellas como hacen muchas universidades, es renunciar a estos derechos con tal de conseguir una entrada de dinero para sus investigadores. Esto genera muchas tensiones competitivas entre algunas universidades y los organismos públicos de investigación que, por norma general, son más inflexibles, ya que en muchos casos supone una competencia desleal. La otra manera de resolverlo es pagando más por los proyectos de investigación, es decir trabajando a precios reales de mercado. Pero esto para las empresas pequeñas es prohibitivo. Hay otras barreras más intangibles a la transferencia y es que muchas empresas no suelen disponer de departamentos con personal investigador que puedan actuar como interlocutores eficaces con la academia y el dialogo en estos casos se hace a veces muy difícil. En la misma línea, pero al revés, muchas veces la academia tampoco conoce bien cómo funcionan las empresas y sus necesidades comerciales, y los ajustes de los tiempos de entregas de los resultados se hacen complicados. En esto último no ayudan los sistemas rígidos de contratación de personal que tienen las instituciones académicas y que retrasan a veces en varios meses la puesta en marcha de un proyecto. Hacer proyectos muy rápidos de unos pocos meses con contratos de personal de por medio es muy difícil. Por último, hay que señalar que uno de los problemas que tiene la transferencia es que muchas empresas solo conocen a los grupos de I+D+I locales y no siempre buscan la ayuda en el sitio más adecuado. El acceso a la información sobre las ofertas tecnológicas de las universidades y organismos de investigación no es muy sencillo. Aunque para facilitar el acceso a estas ofertas se crearon hace tiempo las OTRIs (Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación) de las instituciones públicas, no todas ellas funcionan correctamente y exponen claramente sus ofertas. Por eso a veces se producen encuentros frustrantes entre empresas y academia. <b> En el pasado, a las universidades se les ha reprochado no acercar suficientemente los resultados de su investigación al mercado y no buscar rentabilidad a su actividad investigadora. Para atajar esta problemática, las universidades han empezado a fomentar cada vez más la creación de empresas desde sus filas. ¿Qué está detrás de este cambio y a qué se enfrentan los investigadores que hoy quieren dar el salto al mercado? </b> La rentabilidad de los resultados de investigación de las universidades se consigue mayoritariamente mediante la explotación de sus capacidades gracias a los servicios que puedan prestar, o mediante la licencia de sus patentes o know-how. La opción de beneficiarse por la creación de empresas spin-off es todavía muy limitada porque las universidades no suelen participar en el capital de las mismas ya que esto supone cierto riesgo. Por lo tanto, de las spin-offs solo se beneficiarían por la licencia de patentes. Quien se beneficia es la sociedad pues la creación desde el entorno universitario de spin-offs, generalmente de base fuertemente tecnológica, aumenta el poder económico de la región. La visión que actualmente tienen las universidades y los organismos públicos de investigación sobre las empresas spin-off ha cambiado enormemente en los últimos años, ya que hasta hace poco crear una empresa desde la academia se consideraba poco menos que un delito y a los investigadores que lo intentaban se les contemplaba como unos defraudadores. Hoy la influencia exterior hace que las universidades contemplen la creación de empresas como un indicador de competitividad positivo. La creación de parques científicos e incubadoras por la academia ha contribuido a su desarrollo. Pero aun existen muchas trabas legales para que este proceso de creación de spin-offs se lleve a cabo de manera más flexible y eficaz. Además, la escasez de capital riesgo en España y el miedo intrínseco al riesgo de los españoles no contribuye tampoco a su desarrollo. <b> Con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para el sector industrial y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para la investigación básica, España cuenta con dos organismos especializados en la financiación de la investigación a través de subvenciones y créditos. ¿En qué marco operan estos organismos y cuáles son sus líneas de actuación? </b> Las dos agencias estatales de investigación reconocidas en la última Ley de la Ciencia, la AEI y el CDTI, son el motor de la financiación estatal y actúan de manera coordinada a través de la Estrategia Estatal de I+D+I. Por norma general, CDTI apoya más de cerca la I+D+I de las empresas mediante créditos, pero en algunos de sus programas también se pide la colaboración de la academia y los créditos entonces tienen algunos descuentos. La AEI está esencialmente dirigida a apoyar la I+D+I académica mediante subvenciones. Pero la AEI también proporciona ayudas a las empresas, o bien mediante créditos y subvenciones en proyectos colaborativos, o bien mediante subvenciones parciales en el caso de la contratación de técnicos en las empresas. A veces se hacen programas mixtos entre ambas agencias sobre todo a nivel de cooperación internacional. Hay que decir que la AEI se acaba de crear y su recorrido e influencia real en el ecosistema de I+D+I español está aún pendiente de un hilo, ya que el concepto de agencias y la libertad que una agencia tiene para la administración de recursos públicos no está bien visto por algunos ideólogos de la administración, ya que ven en esta libertad una amenaza para garantizar el control férreo de los recursos que estos sectores por norma promueven. La falta de flexibilidad es sin duda uno de los principales factores que afectan el desarrollo y la competitividad de la I+D+I en España. El control férreo con leyes administrativas muy generalistas y poco adecuadas para la I+D+I reduce la elasticidad que la investigación demanda para ser eficaz. La confianza es una palabra que ya no se usa en nuestro sistema de I+D+I. <b> El CSIC se involucra activamente en la elaboración de las políticas de investigación a nivel europeo. ¿Cuáles son los enfoques de estas políticas? ¿Nos puede dar su visión sobre los retos a los que se enfrenta Europa en estos temas a escala global? </b> La Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el mayor organismo estatal de investigación español con implantación en todo el territorio y con actividad en todas las disciplinas científicas. El CSIC ocupa el primer puesto en España como organismo ejecutor de proyectos de I+D+I y un puesto muy destacado en el Programa Marco de I+D+I europeo. El CSIC es fundamentalmente una agencia ejecutora de I+D+I. Aunque el CSIC actúa como asesor del Estado para el desarrollo de las políticas de I+D+I europeas e internacionales, no suele desarrollar políticas propias como agencia financiadora, básicamente por la limitación de sus presupuestos para estos fines. Son muy pocos los programas internacionales propios del CSIC. El CSIC a través de su Vicepresidencia de Relaciones Internacionales y con su oficina en Bruselas apoya a sus investigadores para que participen en los programas internacionales y europeos de I+D+I, pero esto el CSIC lo hace de una manera general en todos los ámbitos del conocimiento sin un foco de política científica concreto. Europa se enfrenta a los mismos retos tecnológicos que tienen los países más desarrollados con el inconveniente de que los fondos dedicados a la I+D+I que se ponen en juego a nivel comunitario son solo una pequeña parte de los fondos que se usan a nivel nacional. Esto supone que, al contrario de lo que sucede cuando la gestión de los fondos de la I+D+I se centraliza, existen muchas redundancias y duplicaciones entre los socios europeos que compiten entre sí, lo que hace que el sistema no sea demasiado eficaz. La aplicación del concepto del ERA (European Reseacrh Area) para compartir recursos de I+D+I más allá del programa marco es casi anecdótica. Además, es relativamente difícil ponerse de acuerdo para enfocar los retos a nivel del suelo y lo más que se consigue es hacer planteamientos muy generalistas en la nube, que son muy bonitos pero difíciles de aterrizar. El nuevo programa marco FP9 parece que quiere cambiar este panorama con el desarrollo de las denominadas Misiones sociales. Pero está por ver como se definen estas misiones y por asegurar su utilidad si no se aterrizan y gestionan adecuadamente. El reto que ha resuelto Europa en cuanto a la planificación de política científica es saber combinar el apoyo la investigación de excelencia de carácter más básico y poco orientada con el apoyo a la investigación de mayor aplicación industrial enfocada a los retos sociales. Europa ha dejado claro en sus dos últimos programas FP7 y H2020 que sin el apoyo a la investigación básica, que ejemplifica muy bien el programa del European Research Council, no se puede ser competitivo.
